Valle Viejo deberá pagar $160 millones por un juicio perdido

POLITICA LOCAL 14/05/2025Redaccion El AmbatoRedaccion El Ambato

Valle Viejo deberá pagar $160 millones por un juicio perdido

La Corte de Justicia de Catamarca dictaminó que la Municipalidad de Valle Viejo deberá abonar una suma de 160 millones de pesos a la empresa COARCO, como resultado de una deuda acumulada por una obra de cloacas iniciada hace más de ocho años. El fallo marca el cierre de un extenso proceso judicial que se vio envuelto en paralizaciones, omisiones y negligencias administrativas durante gestiones anteriores.

Según declaraciones de referentes políticos locales, la condena no fue producto de un fallo favorable a COARCO por méritos legales, sino por la falta de defensa por parte de la Municipalidad. Se señala que la administración encabezada por Susana Zenteno no designó un fiscal municipal ni presentó la documentación necesaria, lo que dejó al municipio expuesto ante una acción de "caducidad de instancia" impulsada por los abogados de COARCO y el Estado provincial.

El conflicto se originó durante la gestión de Gustavo Jalile entre 2015 y 2019, cuando el municipio demandó a COARCO por daños derivados de la ejecución defectuosa de la obra. En un principio, la causa avanzaba en favor del municipio, pero con el cambio de gestión, la inacción jurídica derivó en la pérdida definitiva del juicio.

Hay voces que anticipan posibles acciones legales contra los funcionarios responsables del error procesal, advirtiendo que si la deuda no es cubierta con sus patrimonios personales, se podrían iniciar denuncias penales, ya que consideran que no debe ser la comunidad la que cargue con las consecuencias económicas de una negligencia tan grave.

Este revés judicial se suma a otros problemas legales que enfrenta la Municipalidad de Valle Viejo, como una demanda de $68 millones iniciada por una empresa de servicios fúnebres, también por pagos incumplidos.

La situación pone en evidencia la fragilidad institucional y administrativa del municipio, y refuerza la necesidad urgente de una gestión pública más diligente, profesional y transparente.

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