El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara alta aprobó este jueves el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo marco normativo para adolescentes que cometan delitos. La iniciativa fue sancionada por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto, impulsado durante la gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, crea un sistema penal juvenil especializado para jóvenes de entre 14 y 18 años. Según sus fundamentos, contempla procedimientos diferenciados, instancias de acompañamiento y garantías acordes a la edad de los imputados.
Durante el debate en el Senado de la Nación Argentina, el oficialismo defendió la necesidad de actualizar la normativa vigente y sostuvo que el nuevo régimen busca “proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas”, además de dotar al Estado de herramientas para intervenir ante delitos graves cometidos por menores de 16 años.
Presupuesto y cuestionamientos
De acuerdo con la norma, el Estado nacional destinará 23.700 millones de pesos para la implementación del sistema en las provincias. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron que los recursos previstos resultarían insuficientes para garantizar infraestructura adecuada y personal especializado en cada jurisdicción.
En ese sentido, legisladores del bloque peronista votaron en contra y plantearon objeciones tanto constitucionales como presupuestarias. La senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó la efectividad de la medida y pidió abordar la problemática juvenil con una mirada integral que incluya políticas sociales, educativas y de contención.
Debate con posiciones enfrentadas
El tratamiento del proyecto dejó en evidencia fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Mientras los bloques aliados al Gobierno celebraron la sanción como un paso hacia un sistema “más justo y actualizado”, desde el peronismo señalaron que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución de fondo a la inseguridad y reclamaron mayor inversión en prevención.
Con la aprobación definitiva, la Argentina contará con un nuevo régimen para adolescentes en conflicto con la ley penal, cuya implementación dependerá ahora de la reglamentación y de la articulación con las provincias.