El Gobierno de Catamarca avanza con reformas institucionales por decreto: polémica por la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo

En una serie de medidas adoptadas por decreto, el Gobierno de Catamarca, encabezado por el gobernador Raúl Jalil, ha promovido reformas significativas en organismos clave de la provincia. Entre ellas, se destaca la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la creación de la Defensoría del Pueblo, con la designación de Dalmacio Mera al frente de esta última.

Designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo

El gobernador firmó el decreto que designa a Dalmacio Mera, exministro de Educación, como titular de la Defensoría del Pueblo de Catamarca. Esta decisión ha generado controversia, ya que la legislación vigente establece que el nombramiento debe realizarse con acuerdo de los dos tercios del Senado provincial.

Desde distintos sectores se ha cuestionado la legalidad del procedimiento y se ha advertido que el nombramiento fue impulsado sin el debido tratamiento legislativo. También se destacó que el nuevo organismo no cuenta con una partida presupuestaria asignada para este año, lo que ha encendido aún más el debate en torno a su viabilidad operativa.

Reformas en el Tribunal de Cuentas

En paralelo, el Ejecutivo provincial ha promovido la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Aunque aún no se conocen en detalle los cambios propuestos, esta iniciativa forma parte de una batería de reformas que el Gobierno impulsa con el argumento de modernizar las instituciones provinciales.

Reacciones y críticas

Las decisiones tomadas han sido catalogadas por sectores de la oposición y voces críticas como un “decretazo” que vulnera la institucionalidad. Advierten que el uso sistemático de decretos para reformar organismos de control representa un avance del Poder Ejecutivo sobre espacios que deberían conservar su independencia.

Se espera que en los próximos días la controversia escale a nivel legislativo y que se presenten acciones legales para frenar las reformas, mientras se profundiza la discusión sobre el equilibrio de poderes y la necesidad de consensos democráticos en el proceso de transformación del Estado provincial.