

En una votación que expuso de manera brutal las prioridades de algunos legisladores, los senadores catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada votaron en contra del proyecto de ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas con condena por delitos de corrupción accedan a cargos públicos. La decisión fue clara: proteger a los condenados antes que cuidar la integridad del Estado.
El proyecto no dejaba lugar a grises: establecía que quienes tuvieran condena en segunda instancia por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos no podrían ser candidatos ni ocupar funciones públicas. Sin embargo, los senadores optaron por el rechazo, alineándose con aquellos que pretenden mantener abierta la puerta de la impunidad.
El dato no es menor: tanto Corpacci como Andrada forman parte de la oposición al gobierno nacional. Aun así, eligieron frenar una herramienta concreta contra la corrupción. Su voto no solo contradice el clamor ciudadano por una política más transparente, sino que desnuda una preocupante connivencia con las estructuras que históricamente se beneficiaron del Estado.
La reacción fue inmediata. En redes sociales y medios locales, miles de voces repudiaron lo que consideraron un aval explícito a la corrupción. En Catamarca, provincia golpeada durante años por el manejo opaco de fondos públicos, el voto negativo fue leído como una traición directa a la confianza popular.
Con este rechazo, Corpacci y Andrada dejaron en claro que no están dispuestos a incomodar a los suyos. Prefirieron blindar a los sospechados de siempre antes que dar un paso hacia la recuperación de la credibilidad política. Y la sociedad lo tomó nota.


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