LA TRAMA SUBTERRANEA DEL CONFLICTO JUDICIAL

Finalmente, llegando sobre la hora de 2023, se ventiló una de las peleas que se mantenía guardada bajo varias llaves entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El disparador, como suele pasar, fue la readecuación de partidas presupuestarias para los judiciales, quienes vivieron en una economía de bonanza aparte en los últimos años como consecuencia del flujo de fondos para solventar gastos en personal e incrementos salariales. 

El llamado de atención del Gobernador Raúl Jalil para empezar a ajustar cayó como un baldazo de agua fría para los jueces de la Corte ya que, habiendo recibido fondos en forma continua en estos años, ahora deben acomodar también el cuerpo ante la crisis económica generalizada y atenerse a la misma política fiscal que vale para el resto de los trabajadores de otras reparticiones como Vialidad, Salud y Educación. 

Pero vamos al desglose. 

El Poder Privilegiado

El mayor de los enojos viene del despacho de la doctora Fernanda Rosales. Laureada y sólidamente diplomada, la magistrada tuvo que enterarse prácticamente por los diarios de la pelea abierta que prepararon entre bambalinas los dos miembros más viejos de la Corte: Miguel Figueroa Vicario y José “Pepe” Cáceres. 

Según personas allegadas a la magistrada, el enojo es por partida doble: por un lado, con el Poder Ejecutivo por el recorte de fondos, pero principalmente con los dos jueces mencionados porque si bien ella tenía pensado atenerse con varias disconformidades al nuevo escenario económico, los otros magistrados lanzaron una ofensiva que daba cuenta de los liderazgos reales en el marco de la Corte de Justicia. 

A Rosales Andreotti no le habría quedado más opción que encaramarse en una pelea por la que no sentía toda la adhesión que públicamente le impone, en un intento por resguardar la identidad del cargo que se le otorgó como máxima autoridad del Poder Judicial. 

Las mismas fuentes en pasillo aseguran que el enojo fue potenciado por el hecho de que no pudo encontrar aliados eficientes para retener el control en ninguno de los otros tres jueces que componen el pleno: Hernán Martel, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño. 

La pelea de fondo, a la que Rosales termina adhiriendo a regañadientes, está en realidad relacionada con una pretensión puntual de Figueroa Vicario, quien habría logrado convencer al juez Cáceres para iniciar la disputa. 

Esa pretensión quedó velada en el marco de la comisión de Hacienda del Poder Legislativo cuando el magistrado le aseguró a los diputados que “el Poder Judicial no va a poder resolver cuestiones relacionadas al litio si no cuenta con el presupuesto de 68 mil millones que solicitaron. 

La política y el uso de fallos adversos para generar escenarios extorsivos ya tendrían una senda jurisprudencia en el marco de la Corte de Justicia loca. 

El objetivo final de Figueroa Vicario, más allá de las probables prebendas personales que se le pudieran otorgar, consistía en mantener a los empleados judiciales en estado de dependencia total de sus decisiones, administrándoles incrementos de salario por encima del resto de los trabajadores de otros poderes y organismos, de manera tal de retener el control sobre el Poder Judicial, pero con fondos ajenos.

Al día de hoy, los empleados judiciales son los trabajadores provinciales mejor remunerados de toda el territorio, siendo solo superados por algunos puestos de organismos nacionales con presencia provincial como AFIP y Anses. 

Si bien los diputados habrían informado al Poder Ejecutivo de las “condiciones” impuestas por el Poder Judicial y la advertencia velada sobre la posibilidad de incidir directamente sobre el desarrollo minero y los índices de empleo privado registrado, las respuestas duras quedaron suspendidas temporalmente hasta encontrar un salida más decoroso al conflicto iniciado por la Corte. 

Así las cosas, con el Presupuesto presentado y la Ley de Tope Salarial ya con despacho de comisión, el Poder Ejecutivo decidió suspender el tratamiento legislativo de la última ley como gesto de buena voluntad. A esto se sumó el envío de fondos para pagar los salarios de los trabajadores. 

El único inconveniente fue que los jueces y el gremio (con una fuerte tendencia oficialista judicial) ya habían acordado un incremento salarial, sin haber solicitado los fondos ni contar con ellos. 

De esta manera, todos los trabajadores de los poderes Legislativo y Ejecutivo, es decir, de cualquier otra repartición pública que se conozca, no pueden cobrar más de 1.200.000 pesos, que es el sueldo del gobernador al día de hoy. 

Mientras tanto, un fiscal de Cámara cobra 2.400.000 pesos, y un juez de la Corte llega a los 3.000.000 pesos. Esto quiere decir que los trabajadores por debajo pueden seguir creciendo y cobrando incluso más que el gobernador u otros trabajadores, por una serie de tareas que, claro está, en los últimos diez años se han mostrado más ineficientes que hospitales, rutas y escuelas.

Otro de los enojos que obligaron finalmente a Figueroa Vicario a asistir a su lugar de trabajo para dar un discurso a los empleados en protesta, fue el de los jueces y fiscales penales, y de la propia Fernanda Rosales. 

Es que, en el fondo, los jueces y fiscales penales en parte tienen razón para argumentar que ellos claramente se encuentran en desventaja ya que debieron poner la cara con la Asociación de Magistrados, y además viven sujetos a que les prendan fuego alguna oficina por lo lerdo de su desempeño. No corre así para los jueces civiles que deben resolver herencias, filiaciones, o quiebras, entre otras cuestiones, en la acondicionada comodidad de sus despachos. 

Rosales, por su parte, en un pleno de los magistrados, les hizo saber que se hartó de poner la cara sola, y logró también que el juez iniciador del conflicto finalmente diera la cara para justificar la virulencia del conflicto. 

Mientras tanto, el servicio de Justicia permanece resentido con audiencias y plazos procesales suspendidos. Es decir, con víctimas y damnificados que cobran con suerte un 50 % de lo que cobran los empleados, y un 15% de lo que cobran los jueces, todos a la espera de resolución de sus causas y expedientes.